Un proyecto de Real Decreto desarrolla el sistema español de facturación electrónica, previsto en la Ley 18/2022 de creación y crecimiento de empresas. 
	Define los requisitos de interoperabilidad e interconexión entre el software público y las plataformas privadas, y los formatos permitidos.
	La CNMC recomienda justificar en profundidad que la solución pública es la más idónea.




La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha analizado el proyecto de Real Decreto (PRD) por el que se desarrolla la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas en lo referido a la factura electrónica entre empresas y profesionales (IPN/CNMC/002/24).



La Ley impulsa la facturación electrónica y obliga a expedir y remitir facturas electrónicas en todas las relaciones comerciales entre empresarios y autónomos. 



El PRD define los requisitos de interoperabilidad mínima entre los prestadores de soluciones tecnológicas de facturas electrónicas y los requisitos de seguridad, control y de estandarización de los dispositivos y sistemas informáticos que generen los documentos.



Recomendaciones



La CNMC valora la iniciativa porque supone reducir los costes de transacción, fomentar la digitalización de diversas áreas de negocio, incrementar la productividad y acceder a información fiable y sistemática de los plazos efectivos de pago. En su informe señala las siguientes observaciones:


	
	

La solución pública de facturación electrónica podría distorsionar el mercado de soluciones informáticas, con riesgos difíciles de detectar; por ejemplo, que la Administración Tributaria pueda acceder a mejor información que los desarrolladores privados. Por ello, debe acreditarse que es la alternativa idónea para responder a los principios de buena regulación y administración y que responde a las razones de interés público existentes.
	
	
	

Para la interoperabilidad de los formatos de la factura electrónica debería valorarse la posibilidad de que, en caso de que se desarrollen sintaxis (presentes o futuras) que cumplan con los requisitos establecidos, también sean admitidas como sintaxis válidas directamente a través de un proceso de certificación, sin que tengan que aprobarse mediante una orden ministerial.
	




La CNMC puede actuar de manera consultiva, pudiendo ser consultada por las Cámaras Legislativas, el Gobierno, los departamentos ministeriales, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones locales, los Colegios Profesionales, las Cámaras de Comercio y las Organizaciones Empresariales y de Consumidores y Usuarios (de acuerdo con el artículo 5.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) o de oficio (de acuerdo con el artículo 5.1.h). 
 



Contenido relacionado:


	IPN/CNMC/002/24





Nota de prensa




Documento no oficial destinado a los medios de comunicación y que no vincula a la CNMC.  Reproducción permitida solo si se cita a la fuente.

Public Electronic Invoicing Software Must Avoid Market Distortions

A project of Real Decreto is being developed to implement Spain's e-invoicing system, as mandated by the Law 18/2022 aimed at fostering business creation and growth.

The CNMC recommends thorough justification for why the public e-invoicing solution is the most suitable, highlighting concerns about market distortions and unequal access to information.

The law requires electronic invoicing in all commercial transactions between businesses and self-employed individuals, with the Real Decreto outlining minimum interoperability requirements and security standards for e-invoicing technology providers.

The CNMC's consultative role allows it to provide recommendations on ensuring fair competition and efficient regulation in the e-invoicing market, emphasizing the importance of considering alternative syntax formats for e-invoices.



Public Electronic Invoicing Software Must Avoid Market Distortions

A draft Royal Decree in Spain is developing the public electronic invoicing system to comply with the Law on Business Creation and Growth, with a focus on ensuring interoperability and avoiding market distortions.